jueves, 21 de abril de 2016

Recomendaciones para la Nueva Asamblea Nacional desde una Postura Ético-jurídico, por Vicente Mok Wu

Recomendaciones para la Nueva Asamblea Nacional desde una
Postura Ético-jurídico

por Vicente Mok Wu
wmokwu@hotmail.com;

Permítame herir sensibilidades de cierta parcialidad política con este breve pasaje el cual me va a catapultar al razonamiento de las líneas posteriores:
Venezuela, 2016, año paradójico, pues en él hay esperanza pero a su vez hay un país bastante deteriorado secuela de años anteriores. Venezuela cree en la separación de poderes pero la mayoría de las leyes llevan en su nombre la añadidura del ‘Decreto con rango, valor y fuerza…’ (Un sello de la subrogación del Ejecutivo en funciones legislativas). Venezuela sabe que la economía está mal producto de la inflación por eso regula los precios para poder ‘controlarla’. Y peor aún, hay quienes, inocentemente, creen que Venezuela con esta victoria tendrá un cambio instantáneo como si fuere por arte de magia, sin embargo, la caminata más larga comienza con un paso.

Venezuela es un país que en sí es una contradicción, Decretos leyes deberían limitarse a lo necesario correspondiendo legislar al Legislativo. La precaria situación económica en Venezuela no debe pretenderse resolver de una manera tan directa, con ánimos de resultados instantáneos como la regulación de precios. Y la nueva asamblea nacional no debe pretenderse omnipresente en la solución de todos los problemas; en realidad, Venezuela tiene un problema de idoneidad en la selección de medios para la solución de los problemas, el principal, creer en que la ley como medio sea omnipresente.

Dentro del contexto de nuestra realidad venezolana y entre otros problemas que aquejan a nuestro país podemos ubicar, dentro de tantas causas, una de ellas: la inidónea proliferación de leyes, entendiéndose como la creación excesiva de textos normativos, muchas veces por el Ejecutivo en virtud de una ley habilitante, para la pretendida solución de todos y cada uno de los problemas existentes.

Es sobre esta premisa donde el legislativo tiene un grado de protagonismo y con ello la nueva asamblea nacional electa, por alcanzar una mayoría la oposición, conlleva en sí una esperanza para los venezolanos referente a la corrección de las irregularidades dentro del Estado de Derecho, al menos dentro del alcance de las facultades de la Asamblea (y no pretender la solución de todos los problemas mediante vía legislativa so pena de ley-manía, toda vez que el Derecho no se agota en la ley). En este sentido, en las líneas siguientes enunciaremos algunas recomendaciones, sin pretender ser exhaustivo y mucho menos taxativo, desde la perspectiva ético-jurídico toda vez que la ley no debe limitarse a lo formal y que además fuera de ello, la actuación de los diputados ha de ser ético:
Como primera recomendación, debe la Asamblea cumplir su función legislativa, con esto me permito a hacer ahínco sobre el tema de la no-delegación al Ejecutivo para que este crea leyes (con esto no pretendemos mitigar la figura de la Ley habilitante, más bien fomentamos a la reserva de esta figura y su uso solo en los casos que efectivamente se requiera), pues, no sería ético que la Asamblea cuya principal función es la de legislar se abstenga a ello, además que todo ello socavaría la esencia de la misma.

Los votos que hiciere cada diputado no debe vincularse a la circunstancia de pertenecer a la facción mayoritaria de la Asamblea y por ello llevando en sí el riesgo inherente de hacer del voto irreflexivo solo por contraponerse a la otra facción política, pues nada menos ético que el votar por votar, el votar sin contenido, el votar irresponsable.

Además de la labor legislativa, debe la Asamblea circunscribirse al efectivo control político sobre el Ejecutivo, de manera que pueda rescatar la separación de poderes en Venezuela.
Sería ético, además, el respeto a la minoría de manera tal que se consolide el pluralismo político, pilar de la democracia; y con ello la coexistencia de debates sobre la base de distintas corrientes ideológicas donde el resultado sería normas más ajustado al venezolano.

Todas estas recomendaciones pudiera rayar en lo superfluo, pero en un Estado de derecho normal, pues resulta rutinario que el poder público cumpla sus funciones y desde luego estas recomendaciones no apuntan otra cosa que el cumplimiento de funciones; sin embargo, ubicándonos en el contexto venezolano esto tendría sentido, desde luego, se pretende el rescate del curso normal del Estado de derecho por la vía institucionalizada y no la realización de un proyecto utópico de imposible ejecución vía nueva asamblea nacional.

Y aspiremos pues que la ética de los diputados de esta nueva asamblea, esa ética que se cultiva de manera inherente a la persona, esa ética que guarda estrecha relación con las decisiones de la persona, sea compatible y esté a la altura de la expectativa del venezolano: la reinstitucionalización del Estado de derecho, en este caso, del Poder Legislativo.

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