Jurídicamente Hablando: ¿Cómo funciona el Comité de Postulaciones del CNE?

#JuridicamenteHablando

EL COMITÉ DE POSTULACIONES ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Todos recordamos, algunos con felicidad y otros con tristeza, las repetidas veces que, en estos años, la presidenta del Consejo Nacional Electoral ha caminado por un lado de la famosa “Baranda del CNE” para dar los resultados de los comicios  electorales que habían sucedido el día anterior. Esta figura es personalizada por Tibisay Lucena, quien fue electa en el año 2006 tras ser postulada, junto con Sandra Oblitas y Vicente Díaz, como rectora del CNE y electa por la Asamblea Nacional.

Como está establecido en el Art.296 de la Constitución, el periodo de los rectores del CNE dura 7 años. Pero no todos los rectores son electos al mismo tiempo, sino que tres de ellos (postulados por la sociedad civil) serán electos a comienzo del periodo parlamentario, y los otros dos serán electos a mitad del periodo. En este caso, Lucena, Oblitas y Díaz fueron electos en abril del 2006, por lo que para este momento ya tienen más de año y medio con sus cargos vencidos.

Lo que se plantea ahora es cómo se puede proceder para elegir unos nuevos rectores que no estén vinculados a ningún partido o candidato para así, con rectores imparciales e independientes, asegurar unas elecciones que expresen la verdadera voluntad de los electores. Para ello, la Constitución contempla los Comités de Postulaciones.

Según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Electoral:

 “[…]el Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de las candidatas calificadas o los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral[…]”

Como bien se sabe, la Asamblea Nacional por el voto de las dos terceras partes de sus diputados eligió a los miembros de este Comité el día 14 de octubre y hace unos días publicaron su Reglamento Interno que establece, objetivamente, las bases para evaluar estas postulaciones.

Así, el Comité de Postulaciones recibirá de “cada organización de la sociedad vigente y activa” los curriculums de hasta 3 aspirantes.  El problema es que la ley se puede prestar a interpretaciones,  porque en ningún lugar se establecen los parámetros de su actividad o que hace que estas organizaciones sean verdaderamente independientes y no cooptadas por alguna fuerza política. En todo caso, el Comité deberá dejar abierto el lapso de postulaciones por 14 días continuos para que estas organizaciones formalicen las postulaciones ante el Comité.

Tras el  vencimiento del plazo de las postulaciones el Comité tendrá 20 días para hacer la lista de los candidatos rectores del CNE. Es importante, que en los 6 días próximos  a la publicación de la lista, los postulantes recibirán  objeciones para ocupar el cargo y se les concederán 6 días más para responder a estas objeciones y publicar las respuestas.

Después, será la Asamblea Nacional quien maneje el proceso para proceder a la votación. Quedarán electos rectores solo los candidatos que obtengan los votos de al menos la2/3 de la misma.

Ignacio Ayala.

ANEXOS:

Artículos de la CRBV:

Artículo 296. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno o una por el Poder Ciudadano.

Los o las tres integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal y cada designado o designada por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil.Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado: los tres postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a la mitad del mismo.

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su Presidente o Presidenta, de conformidad con la ley.

Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo de la Ley Orgánica del Poder Electoral:

Artículo 17. El Comité de Postulaciones Electorales tiene por objeto convocar, recibir, evaluar, seleccionar y presentar ante la plenaria de la Asamblea Nacional las listas de las candidatas calificadas o los candidatos calificados a integrar el ente rector del Poder Electoral, de conformidad con lo establecido en la Constitución y esta Ley.

Puedes descargar el archivo PDF del Comité de Postulaciones desde aquí

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Jurídicamente Hablando: ¿Qué pasó con la Contraloría General de la República?

#JurídicamenteHablando

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER CIUDADANO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL CONTRALOR DE LA REPÚBLICA.

RESEÑA HISTÓRICA:

            La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela es un organismo correspondiente al Poder Ciudadano, existe realmente desde su instauración en 1938 a través del “Programa de Febrero” en la Ley Orgánica de Hacienda Nacional, organismo que le precedió. Desde dicha fecha, y más adelante, se promulgó su propia ley orgánica –ley orgánica de la Contraloría General de la República- para estatuir con plenitud y precisión el organismo; también se le ampliaron y cambiaron sus atribuciones iniciales a lo largo de la historia.

            Hoy, la Contraloría General de la República es el órgano encargado del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales y de sus operaciones relativas (CRBV Art. 287) y que además goza de autonomía funcional (no está sujeto al mandato de otro poder sino de la ley únicamente Art. 3 Ley Org. De la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela), administrativa (controla independientemente sus actividades) y organizativa, orientando la función de todos los organismos que estén sujetos a su control.

            Desde la instauración de la República Bolivariana de Venezuela con la nueva Constitución de 1999 se establece el período de duración para el Contralor de la República en siete años (Art. 288). El ciudadano que ejercerá ese cargó será Clodosbaldo Russián en el año 2000, hasta su término en el 2007, de su primer período, puesto que es ratificado por la Asamblea Nacional nuevamente (Art. 279 CRBV es inespecífico acerca de la posibilidad de reelección inmediata) para el nuevo período que culminaría en el año 2014. Sin embargo, el señor Clodosbaldo fallece en el año 2011.

            De acuerdo al Art. 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el Sub-Contralor designado suplirá las faltas temporales y absolutas del Contralor General. En el contexto, la señora Adelina González asumió el puesto como encargada en el año 2011 y desde entonces no se ha designado un nuevo cargo que cumpla con lo establecido por la Constitución más que en la Ley Orgánica respectiva.

SOBRE LA SITUACIÓN DE HECHO:

            Estando actualmente en el cargo y supliendo la falta absoluta del fallecido Russián, la ciudadana Doctora Adelina González, según el artículo supra, el Consejo Moral Republicano (constituido con la Fiscal General de la República, Defensora del Pueblo y Contralora General según art. 273 CRBV) deberá convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones que ofrecerá, tras un proceso, al conjunto de candidatos posibles al puesto de Contralor o Contralora para ser sometido a votación y aprobación del nuevo titular del cargo por las 2/3 partes del órgano legislativo (Art. 279 CRBV) si dicha aprobación se extendiese por más de 30 días, será colocado a consulta popular por el CNE; y en caso de no presentarse dicho comité, la Asamblea decidirá independientemente en el curso la designación del nuevo titular del cargo.

            En el contexto, El Consejo Moral Republicano dictaminó en el año 2011 que procederían a realizar dicho comité, tal hecho nunca ocurrió. Sin embargo, según el Art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano: El Consejo Moral Republicano deberá convocar dicho comité 60 días antes de la culminación del período del titular (fecha de culminación vendría siendo en diciembre de 2014) y en caso de no ocurrir, la Asamblea Nacional dispondrá de 30 días continuos para realizar la elección por ausencia del comité.

CONCLUSIÓN CON BASE A DERECHO:

            En consecuencia y como conclusión, el cargo actualmente está regido por la Encargada de la Contraloría General de la República Adelina González, quien únicamente suple la falta absoluta de Russián desde el año 2011, mas no es titular del cargo puesto que no lo establece ni el texto constitucional ni la ley de tal manera. Concordando Constitución, Ley Orgánica y Reglamento respectivo en que el Sub-Contralor únicamente lleva la acción de suplir la labor del Contralor durante sus faltas, y colaborar con sus actividades durante su presencia. En vista de que no existe ninguna disposición legal que establezca la necesidad del Consejo a la pronta realización de la elección, El Consejo Moral Republicano está esperando a que llegue el plazo oficial para realizar la convocatoria de dicho comité, en su defecto, de igual manera la Asamblea Nacional decidirá, según los artículos y explicaciones supra.

Todo esto debe ocurrir jurídicamente a finales del presente año 2014.

Harold Miñarro.

ANEXOS

Artículos de la CRBV:

Artículo 273. El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República.

Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno o una de cuyos o cuyas titulares será designado o designada por el Consejo Moral Republicano como su Presidente o Presidenta por períodos de un año, pudiendo ser reelegido o reelegida.

El Poder Ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará una partida anual variable.

Su organización y funcionamiento se establecerá en ley orgánica.

Artículo 279. El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, el cual estará integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna por cada órgano del Poder Ciudadano, la cual será sometida a la consideración de la Asamblea Nacional. Esta, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de treinta días continuos, al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a consulta popular.

En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, la Asamblea Nacional procederá, dentro del plazo que determine la ley, a la designación del titular o la titular del órgano del Poder Ciudadano correspondiente.

Los o las integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Artículo 287. La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control.

Artículo 288. La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor o Contralora General de la República, quien debe ser venezolano o venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo.

El Contralor o Contralora General de la República será designado o designada para un período de siete años.

Artículos de la LOCGR:

Artículo 12. La Contraloría tendrá un Sub-Contralor o Sub-Contralora, quien deberá cumplir las mismas condiciones requeridas por la Constitución de la República para ser Contralor o Contralora General de la República; será de libre nombramiento y remoción de éste o ésta. El Sub-Contralor o Sub-Contralora llenará las faltas temporales o accidentales del Contralor o Contralora y las absolutas, mientras la Asamblea Nacional provea la vacante, de igual forma ejercerá las funciones que contemple el Reglamento Interno y los demás instrumentos normativos que al efecto se dicten.

Artículos de la LOPC

Artículo 23. El Comité de Evaluación de Postulaciones se integrará con

representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes deberán ser venezolanos por

nacimiento, y en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en un número no

mayor de veinticinco (25) integrantes, y cuyos requisitos serán establecidos en el

Ordenamiento Jurídico Interno del Consejo Moral Republicano, que lo convocará sesenta

días antes del vencimiento del período para el cual fueron designados los titulares de los

órganos del Poder Ciudadano, a efectos de seleccionarlos mediante proceso público, de

conformidad con lo establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela. En caso de no haber sido convocado el Comité de Evaluación de

Postulaciones del Poder Ciudadano en el lapso indicado, la Asamblea Nacional procederá a

la designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano en un tiempo no mayor de treinta (30) días continuos.

Puedes descargar el archivo PDF desde aquí: https://www.dropbox.com/s/npwnn023xf88tdc/Jur%C3%ADdicamenteHablando.pdf?dl=0

Sobre la usura y la especulación; por José Ignacio Hernández

El pasado fin de semana pudimos apreciar una decisión poco común, en un contexto en el cual estamos acostumbrados a presenciar las más variadas decisiones del Gobierno en materia económica. Luego de distintas inspecciones realizadas, en concreto, a la tienda de electrodomésticos Daka, el Presidente de la República anunció públicamente la orden de vender esos productos a precios justos, advirtiendo que ningún anaquel podía quedar vacío. Lo que vino después es conocido: largas colas de personas en distintas tiendas de electrodomésticos, tratando de comprar tales productos, con algunas lamentables muestras de violencia.

¿Puede el Gobierno ordenar a estas tiendas a vender sus productos a un precio inferior al que había sido fijado?

Antes de comenzar, debo advertir que este artículo no es una defensa a los especuladores y empresarios que cometen ilícitos. Si hay empresarios que han incurrido en algún ilícito económicos, deben ser sancionados con las garantías que ofrece la Constitución, como debe ser sancionado todo aquel que transgrede la Ley. Lo que se cuestiona en este artículo, por ello, no es el fondo de los casos tratados, pues desconozco los hechos y circunstancias, sino la forma bajo la cual el Gobierno procedió.

La libertad de vender y de fijar el precio. Comencemos por lo más obvio: ningún comercio puede ser obligado a vender sus productos. La venta siempre es un acto voluntario del comercio que decide ofrecer bienes para los consumidores.

Además, cuando el comerciante decide vender, tiene derecho a fijar el precio de su preferencia, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La única excepción que ha venido implantándose es la fijación del precio máximo de venta al público (PMVP), de conformidad con la llamada Ley del INDEPABIS o la nueva Ley de Costos y Precios Justos. En ese caso, el comerciante no puede vender por encima del PMVP fijado por el Gobierno.

Cabe advertir, sin embargo, que los electrodomésticos afectados por la “orden presidencial televisada” no estaban sujetos al PMVP. Es decir, el precio de esos bienes podía ser libremente fijado.

Los especuladores. Otra confusión muy común es llamar especulador a todo el que vende productos a un “precio superior al normal”. La Ley del INDEPABIS es clara al señalar que para que exista el ilícito de especulación, el precio del bien debe estar regulado, pues la especulación es, simplemente, vender por encima del PMVP.

Ya hemos dicho que los electrodomésticos no tienen fijado el PMVP. Por lo tanto, ningún comerciante puede incurrir en especulación al vender esos productos, por más que el Gobierno considere que está “vendiendo caro”.

La usura.  Otro ilícito que el Gobierno ha calificado es la usura. La Ley del INDEPABIS regula la llamada “usura genérica”, o sea, la conducta por la cual el comercio, mediante acuerdos o convenios que generan engaño, logra una ganancia “notoriamente desproporcionada”.

La usura es un delito penal. Por ello, el Gobierno no puede calificar ese delito: solamente el Ministerio Público y los Tribunales Penales, pueden decidir si hay o no usura. Y además, no basta que el Gobierno considere que el precio de un bien es muy alto para entender que hay usura, pues ésta requiere, como vimos, la realización de acuerdos engañosos que propendan a incrementar la ganancia. Fijar libremente el precio de un bien no es, por ello, usura.

El precio abusivo. ¿Podía el Gobierno considerar que, a pesar de no tener fijado el PMVP, el precio de los electrodomésticos era abusivo? El artículo 16 de la Ley del INDEPABIS prohíbe fijar precios sin justificación, lo que alude al caso en el cual el comercio, artificialmente, “infla” el precio del bien. Por ejemplo, cobrar un servicio de instalación al vender una cafetera.

Lo que no puede hacer el Gobierno es obligar a vender a “precios justos” bienes que no tienen el PMVP marcado, precisamente, pues en esos bienes rige la libertad de fijación de precio. Además, calificar al precio como injustificada sólo puede hacerse en el marco de un debido procedimiento que asegure el derecho a la defensa.

El comiso. La “orden presidencial televisada” dispuso “sacar a la venta” los electrodomésticos a un “precio justo”. Que no quede nada en los anaqueles, fue el señalamiento.

La única norma que permite al Gobierno disponer coactivamente la venta de productos es en caso de comiso, de acuerdo con la Ley del INDEPABIS, lo cual sólo procede ante bienes de primera necesidad. Ello sucede además, típicamente, en el caso de procedimientos de investigación de delitos como la especulación.

Como se observa, para decomisar bienes y ordenar su venta, se requiere cumplir con ciertas formalidades, que van mucho más allá de una orden televisada. Además, los electrodomésticos no son bienes de primera necesidad, con lo cual no podía el Gobierno aplicar la figura del comiso.

Regular todos los márgenes. Asimismo, se ha anunciado que en el marco de la Ley Habilitante, el Gobierno dictará medidas para regular todos los márgenes de ganancia. Precisamente con ese objetivo fue aprobada, mediante Decreto-Ley, la Ley de Costos y Precios Justos en el 2011. Obviamente el Gobierno no necesita una Ley Habilitante para dictar medidas que ya ha dictado en el marco de una previa Ley Habilitante.

Medidas que son ineficaces, sin duda. La Ley de Costos y Precios Justos se dictó para controlar la inflación. Dos años después, las cifras del Banco Central de Venezuela demuestran que ese objetivo falló. Si nos atenemos al texto de la Ley, sin perjuicio del análisis de las causas de la inflación, sin duda, el Gobierno falló en cumplir el objetivo último que esa Ley le asignó.

¿Defendiendo a los especuladores? Se me dirá que, con las anteriores líneas, defiendo a los especuladores. En realidad, si algo trato de defender, es a la Constitución.

No sé si las tiendas de electrodomésticos cometieron o no algún ilícito. Pero si lo hicieron, el modo de proceder no era a través de una orden televisada que se pronuncie sobre la culpabilidad de personas que, por la Constitución, deben presumirse inocentes. Tampoco el debido procedimiento garantizado en la Constitución ampara al Gobierno para ordenar, en televisión, la venta de productos a un precio más bajo. Por supuesto, la orden de “vaciar los anaqueles”, en modo alguno, puede ampararse en la Constitución.

La Constitución reconoce al Gobierno que actúa bajo el imperio de la Ley, no bajo el imperio de la amenaza. En realidad, el Gobierno se deslegitima cada vez que recurre a esa amenaza, que además, difícilmente solucionará los problemas de fondo de nuestra económica. Como dice Ángel Alayón, “la solución del problema económico venezolano pasa por una narrativa distinta a la bélica, a la confrontacional”.

Artículo extraido de: www.prodavinci.com

LOS ÓRGANOS DE COGOBIERNO:

EL CONSEJO DE FACULTAD DE DERECHO:

El Consejo de la Facultad es el órgano encargado, junto con el Decano, del gobierno de la Facultad. Por lo general, sesiona ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Decano, a iniciativa propia, o a petición de cuatro o más de sus miembros. Las solicitudes que desean presentarse ante el Consejo pueden ser consignadas durante las horas de atención de la

Dirección de la Escuela, que funge como Secretaría del Consejo.

Entre las funciones del Consejo de Facultad, se encuentran las siguientes:

• Considerar los planes de enseñanza elaborados por las Escuelas respectivas, y elevarlos, para su
• aprobación final, al Consejo Universitario;
• Aprobar los programas de estudios elaborados por las Escuelas;
• Conocer de las apelaciones respecto de las medidas disciplinarias acordadas por el Decano, los
• Directores de las Escuelas o los Profesores de la Facultad;
• Nombrar los jurados examinadores cuando decida asumir dicha función;
• Proponer, oído el parecer de la Escuela o Instituto respectivo, el nombramiento del personal
• docente y de investigación de la Facultad;
• Substanciar y dictaminar en primera instancia sobre los expedientes de traslados y someterlos para
• su aprobación definitiva al Consejo Universitario.

Los representantes estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Derecho son:

• Marianella Falcón - marianellafalcon@gmail.com
• Pierre Aivasovsky - pierreaivasovsky@gmail.com

Importancia del Órgano:

Funciona como primera instancia para dirimir cualquier controversia o solicitud suscitada por estudiantes dentro de la Facultad de Derecho.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO:

El Consejo Universitario estará integrado por el Rector, quien lo presidirá; los Vice- Rectores; el Secretario; los Decanos; el Director General de los Estudios de Post-Grado; cuatro representantes de los profesores electos por éstos; tres representantes de los estudiantes elegidos por los mismos; un representante designado por los egresados de la Universidad y tres profesores nombrados por el Rector. El Consejo Universitario celebrará sesiones ordinarias dos veces al mes y extraordinarias cada vez que sea convocado por el Rector o lo solicite por escrito no menos de la tercera parte de sus miembros. El procedimiento de las sesiones del Consejo Universitario será establecido en el respectivo Reglamento interno. Sus atribuciones están señaladas en el Estatuto Orgánico.

Los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario son:

• Marcel Roche (Derecho) - Principal - marcelroche1990@gmail.com
• Francisco Márquez (Comunicación Social) – Principal - franciscomarquez2791@gmail.com
• Carlos Carli (Administración –Guayana) – Principal -  carloscarli89@gmail.com 
• Pedro Castillo (Derecho)- Suplente - pedromcastillop@gmail.com

Importancia del Órgano:

Conocerá en última instancia de las solicitudes estudiantiles tramitadas previamente por los respectivos consejos de facultad.

RECOMENDACIONES AL TRAMITAR SOLICITUDES:

• Al realizar un escrito de solicitud es importante contener tres elementos en particular: i) una relación de los hechos; ii) apoyo en la normativa universitaria, y iii) una petición clara y conforme con los reglamentos.
• El derecho a la doble instancia está garantizado, por eso es importante usar las instancias correctamente. La primera instancia, a efectos de la Facultad de Derecho, es el Consejo de Facultad. Luego, si la respuesta de la solicitud ha sido insatisfactoria existe la posibilidad de apelar al Consejo Universitario. Nunca debe de tramitarse la solicitud simultáneamente en ambas instancias, porque será negada en el Consejo Universitario.
• Siempre adjuntar pruebas. En este sentido, hacemos referencia a cualquier documento que pueda probar su argumento.
• Contacte primero a sus consejeros respectivos para conocer las opciones y para poder tener asistencia en la formulación de la solicitud.
• Es importante dirigirse con respeto a las autoridades, tanto en el trato personal, como en el escrito.
• Conocer la normativa.
• Enviar escrito de solicitud, y las pruebas, por correo al consejero.
• Para más información contacte también a su delegado o subdelegado de curso.
• Consulte la Gaceta Universitaria en la página web para estar al tanto de las decisiones tomadas.
• Por lo general, las respuestas a las solicitudes salen publicadas en la G.U. y en las carteleras de las respectivas escuelas.

REGLAMENTOS DE INTERÉS:

Todos los reglamentos de la UCAB pueden ser encontrados en el siguiente link:

http://www.ucab.edu.ve/reglamento.9.html

Los mismos son clasificados en:

1. Leyes y reglamentos nacionales.

2. Reglamentos de organización general de la Universidad.

3. Personal profesional y directivo no académico.

4. Profesores.

5. Estudiantes.

6. Empleados.

7. Postgrado.

8. Facultad de Derecho.

9. Facultad de Ingeniería.

10. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

11. Facultad de Humanidades y Educación.

#CEDdeBolsillo:

¿Tienes dudas de cuándo comienzan tus parciales? ¿Quieres eximir pero no sabes cómo hacer el cálculo? ¿O quizás tienes un problema con algún profesor y no conoces a tus consejeros de facultad? El Centro de Estudiantes te da la respuesta clara y simple. ¡Llegó tu CED de bolsillo! Toda la información que necesitas como estudiante de derecho en la UCAB compilada en un solo lugar, próximamente estaremos entregándolo en tus salones, pero desde el Blog Jurídico queremos darte esta primicia ¡Disfrútalo!

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Competencia #TuArtículoJurídico:

Compañeros, los invitamos a que realicen un análisis, desde el punto de vista jurídico, de cualquiera de los temas discutidos en los Foros/Cafés Jurídicos que hemos realizado y lo envíen a nuestra cuenta blogjuridicoucab@gmail.com, estableciendo su postura a favor o en contra sobre cómo se han abordado y resuelto estos aconteceres, con base en nuestro Derecho.

Temas: 

• Estado Comunal
• Consecuencias jurídicas de la ausencia del Presidente Electo en su juramentación el 10 de enero
• Sentencia interpretativa del TSJ del 9 de enero
• Consecuencias de la falta absoluta del presidente
• Sentencia del TSJ 8 de marzo
• Capacidad del presidente encargado de optar por la presidencia sin separarse de su cargo
• El proceso de auditoría
• El proceso de impugnación. 

Además, temas no abordados directamente, pero sí de actualidad y relevancia: 

• Derecho de palabra de los diputados en la AN,
• Elecciones libres, justas y transparentes (delitos electorales, imparcialidad de instituciones durante las elecciones, etc.)

Más allá de la postura que puedan tener, lo que buscamos es una sólida argumentación, con fundamento en nuestro Derecho, para sostener una u otra opinión. Todo punto de vista será respetado y es bienvenido.

Premiación: Certificado de reconocimiento del Centro de Estudiantes y publicación del mejor artículo en el Boletín Digital de los Estudiantes de Derecho.

(Los artículos serán evaluados por profesores de la Escuela de Derecho y por los miembros del Comité Jurídico).

¡Pon a valer tu opinión!